El candidato a diputado nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, respaldó los reclamos tanto de los empresarios industriales y de la construcción de Santa Fe como de los sindicatos de trabajadores que volvieron a pedir la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N°27.348, aprobada en el Senado local pero frenada en Diputados.

"Las empresas santafesinas están perdiendo mucho dinero con esta demora y eso se traduce en menos recursos para inversiones productivas y contratación de nuevo personal. A su vez, los trabajadores se perjudican porque tardan años en cobrar sus resarcimientos, cuando con esta ley podrían hacerlo en meses a través de las comisiones médicas, sin pasar por juicios eternos", lamentó Angelini.

El diputado había insistido la semana pasada con la sanción de este proyecto de ley, "postergado por el Socialismo y el Peronismo" en la Cámara baja, dijo, porque considera que "Santa Fe no puede seguir en desventaja" respecto a otros distritos vecinos.

"El pedido de los empresarios y de los sindicatos de los trabajadores es totalmente válido y entendible, porque no es razonable el tiempo que llevamos perdido con esta ley mientras otras provincias que ya han adherido han bajado los costos laborales y las primas de ART por reducción de la litigiosidad", indicó Angelini.

En ese sentido, el diputado volvió a advertir: "Santa Fe corre el riesgo de perder inversiones si no adhiere lo antes posible a esta ley. No podemos seguir en desventaja, permitiendo estos altos niveles de judicialización, que es una de las principales barreras de entrada para nuevas empresas y además representan un negocio para algunos a costa de los trabajadores, que esperan años por una resolución de su reclamo".

Por último, Angelini sostuvo que "es inexplicable que aquellos que piden proteger y defender la producción nacional y a los trabajadores complican la adhesión a esta ley". Y subrayó: "Esta ley no le quita jamás la posibilidad al trabajador de acudir a la Justicia, sino que primero se intenta solucionar y llegar a un acuerdo por la vía administrativa, sin abogados de por medio. De hecho, en los territorios que han adherido, el 80% de los casos se resuelve antes de llegar a la vía judicial".